4.3.1. La partera de la Tercera República: La Sala Constitucional
Un suceso que marca un punto de inflexión en el Estado costarricense fue: La Sala Constitucional o Sala IV, que fue creada en 1989, mediante reforma de los artículos 10 y 48 de la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ley No. 7135 de 11 de octubre de 1989, reformada por ley No. 7209 de 7 de noviembre de 1990, que provee el marco jurídico de trabajo de la Sala.
A partir de esto, los jueces constitucionales se encargan de interpretar lo que dice o lo que no dice la Constitución Política de la República de Costa Rica. En tanto una República es una entidad jurídica, está compuesta por un conjunto de sub-entidades jurídicas constitutivas enmarcadas en un universo cerrado, o sistema cerrado, finito, quedando subdeterminada por las prescripciones estipuladas en este sistema cerrado, explicitado en la Constitución Política. En este sentido la ontología de la entidad jurídica de una República queda explicitado en lo que su respectiva Constitución Política estipula que existe. Lo que la Constitución Política no dice, o entra en contradicción con lo que dice, queda desterrado del universo discurso de entidades constitutivas de la República. Ante esta situación, se asume una postura gnoseológica realista, y es que lo que dice la Constitución Política es lo que realmente existe en el orden jurídico de la República. Sólo es posible una interpretación y por ende sólo es posible un orden jurídico de lo que es y de lo que no es una República.
No obstante, el surgimiento de la Sala Constitucional ha mostrado que lo que se asume para interpretar la Constitución Política de la República de Costa Rica, es una postura gnoseológica relativista-nominalista y por ende la Constitución Política dice lo que los magistrados de la Sala Constitucional dicen que dice. Entonces el estatus de la entidad jurídica de la República queda en manos de los magistrados de esta sala. No obstante, este nominalismo-relativista podía ser superado, - al menos parcialmente -, a partir de que los distintos fallos establecían la jurisprudencia constitucional, que podía garantizar un marco constitucional que la salvaguardara de eventuales decisiones arbitrarias de los jueces constitucionales y que pudieran socabar las bases republicanas.
4.3.2. Estratagema oclocrática para la imposición de la Tercera República
No obstante, el orden los sucesos mostró que la Sala Constitucional podía transformar la entidad jurídica de la República por cuatro cosas:
1)Que un grupo de nuevos jueces puedan revertir decisiones de jueces anteriores (- se derrumba el respaldo de una jurisprudencia constitucional, quedando de manifiesto la vulnerabilidad Constitucional del Estado-),
2)Que se haya dado injerencia arbitraria sobre decisiones que son competencia del primer poder de la República de Costa Rica, La Asamblea Legislativa.
3)Que a partir de las resoluciones de la Sala Constitucional se deriven consecuencias políticas, que garanticen el acceso privilegiado a la primera magistratura de la República de algún ciudadano o partido político.
4)Que los miembros del Poder Ejecutivo (-el Presidente de la República-), - que hayan accedido al mismo, por intermediación y apoyo de en las interpretaciones de la Constitución Política de los magistrados constitucionalistas -, transformen la estructura del Estado existente, sin tener que convocar a una Asamblea Constituyente y sin tener ni siquiera que enmendar el articulado constitucional, pues basta con enmendar las resoluciones de los jueces de la Sala Constitucional, desarticulando las potestades de la Asamblea Legislativa sobre el "espíritu" de la Constitución política y de la constitucionalidad. A su vez, con este procedimiento se eliminan los requisitos preestablecidos de la cantidad de votos legislativos requeridos para cambiar las instituciones fundamentales del Estado, pues todo queda sometido finalmente a un interpretación nominalista-relativista de los jueces de la Sala Constitucional, que favorezca las decisiones del Poder Ejecutivo.
Estos cuatro sucesos anteriores, fueron los que de hecho sucedieron, cuando los jueces constitucionales revertieron la decisión de no permitir la reelección presidencial, que favoreció a Oscar Arias Sánchez y al Partido Liberación Nacional.
La sucesión de los hechos se dio de la siguiente manera:
Oscar Arias Sánchez intentó en varias oportunidades que se modificara la Constitución Política de Costa Rica para que se permitiera la reelección presidencial, la cual estaba expresamente prohibida en la carta magna:
"Artículo 132. No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente: 1) El Presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere ejercido durante la mayor parte de un período constitucional."
En el primer intento lo hace por medio de la Asamblea Legislativa pero por este medio fracasó. Luego por medio de la Sala IV o Tribunal Constitucional de Costa Rica y un primer recurso interpuesto por Arias ante la Sala IV es rechazado por 4 de los 7 magistrados que integraban la Sala en ese momento.
En un segundo recurso de Arias de nuevo ante la Sala IV esta vez los magistrados cambian la Constitución Política de Costa Rica para permitir la reelección presidencial, y aunque los dos recursos interpuestos por Arias se fundamentaron bajo el mismo argumento, los magistrados dictan en esta segunda ocasión una sentencia totalmente diferente.
Sobre este hecho Guido Sáenz Ex Ministro de Cultura y miembro del mismo partido de Arias tiempo después hace estas polémicas declaraciones en su libro autobiográfico Piedra Azul, Atisbos de mi Vida, textualmente dice lo siguiente: “Lo llamé (refiriéndose a Oscar Arias) en cuanto me enteré de la catástrofe (el fallo negativo de la Sala Constitucional), y me dijo: Guido, yo estaba cien por cien seguro que me pasaban la reforma. Tenía la promesa de cuatro magistrados, uno me traicionó”.
Queda claro que con la sucesión de hechos:
1)Fundación de Sala Constitucional o sala IV,
2)Fallo de la Sala Constitucional que favorece la reelección y revierte la jurisprudencia previa por negociaciones políticas, la llegada de nuevo a la de Presidencia de Oscar Arias Sánchez, y,
3)Finalmente la aprobación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., por medio de un triunfo marginal en un Referéndum del 7 de octubre del 2007, con una serie de leyes de implementación adosadas a este TLC, y que transforman de raíz el Estado de Bienestar social costarricense, que privilegia a los intereses de los grandes grupos plutocráticos nacionales y de las grandes transnacionales, se ha impuesto entonces, a la fuerza y de manera oproviosa: LA TERCERA REPÚBLICA DE COSTA RICA.
Un caso evidente de la infiltración por los intereses empresariales y políticos del poder ejecutivo, de la Sala Constitucional, se ha mostrado con la participación del magistrado suplente Federico Sosto López en el análisis de constitucionalidad de los proyectos de leyes de la agenda implementación del TLC con EE.UU. Sosto, fue miembro activo de la campaña multimillonarias en favor del "Sí", entorno al Referendum aprobatorio o reprobatorio del TLC con EE.UU., a la vez que paralelamente es asesor de la Casa Presidencial (- también pagado por el BCIE -) y sus intereses empresariales lo tuvieron involucrado como Director Suplente de la Junta Directiva de la Liga Industrial de La Caña (LAICA) (- una de las principales beneficiaras del TLC -), en el mismo período que se encontraba en condición de Secretario: Rodrigo Arias Sánchez, actual Ministro de la Presidencia y hermano del Presidente de la República. El voto del Magistrado suplente Sosto ha decidido votaciones entre los magistrados de la Sala Constitucional, en torno a las consultas legislativas si las leyes de implementación del TLC con EE.UU., cumplen los requisitos de constitucionalidad. Ha resultado obvio entonces cómo estas leyes han sido consideradas como constitucionales por la Sala Constitucional. Esto es algo más que una votación, es la más la más abierta acción de magistrados constitucionalistas, cuyas interpretaciones viciadas por sus intereses empresariales y políticos, deciden lo que es o no constitucional y por ende deciden por lo que existe o no existe en la entidad jurídica de la República costarricense. Deja en evidencia el "modus operandi" de Tercera República, impuesta meta constitucionalmente al pueblo costarricense.
Como muestra de un entramado complejo de intereses creados dentro del Poder Judicial incluso, la Corte Plena del Poder Judicial ha rechazado en dos ocasiones investigar la actuación del caso del Magistrado Suplente Sosto. Por su parte, los Jueces del Poder Judicial han señalado que es necesario que la Corte Plena analice el fondo del caso del Magistrado Suplente de la Sala Constitucional Sosto. Estos jueces han indicado que resulta necesario esta investigación, dado que está de por medio la imparcialidad del juez y la división de poderes públicos.
Finalmente, a finales del año 2008, la Sala IV, mostró de manera superlativa el grado de genuflexia a la que se pueda llegar este poder de la República, para vergüenza los ciudadanos que guardan reservas de dignidad, cuando emitió el fallo final sobre la ley de Propiedad Intelectual, en torno a los procedimientos de trámite y de fondo que se habían violentado en en la aprobación de esa ley en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar que la misma Sala IV había retrotraído la ley de Propiedad Intelectual al Congreso, por considerar que se estaba pasando por encima de una disposición que obligaba a consultar a los pueblos indígenas sobre aspectos que los afectaban directamente. Es un fallo, que se une a la cadena de fallos cuestionados de la Sala, donde es clara la intervención en el Poder Judicial desde Casa Presidencial. La Sala facilitó así, de manera vergonzosa, en unos casos, y en otros de manera descarada, la aprobación de leyes de implementación sobre el CAFTA, a sabiendas de que violentan la Constitución. Con este fallo de hecho se violentaron los derechos de ser consultados de los los pueblos indígenas y en la práctica derogando tratados internacionales que había suscrito Costa Rica. Esto pues esta ley, permitió la variación al inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, y fue introducida a última hora en la agenda de implementación del CAFTA y permite a empresas transnacionales patentar medicinas y productos creados por indígenas.
4.3.3. Desarticulación final del Estado de Bienestar social por medio del TLC con EE.UU y la su agenda de leyes neoliberales complementarias
En Costa Rica, en contra del flujo de la historia latinoamericana reciente, tal que la mayoría de las naciones han abjurado de las tesis económicas del neoliberalismo monetarista, bajo el respaldo de una clase dominante con extraordinario poder económico, bajo el respaldo de presiones de los intereses internacionales de los grandes oligopolios transnacionales, bajo el respaldo de los grandes consorcios de comunicación colectiva nacionales e internacionales, bajo un manejo oclocrático de los cinco poderes de la República, se logró marginalmente la aprobación del TLC por medio del Referéndum.
Este TLC y un paquete de leyes de implementación, marcan de manera tácita una forzosa Tercera República, sin verse en la necesidad de hacer una nueva constitución, pues las normas constitucionales se interpretan, no de acuerdo a una jurisprudencia constitucional, no de acuerdo a criterios estrictos de lo que se considera que es la República de Costa Rica, sino de acuerdo a las interpretaciones de los jueces constitucionales del momento y de sus componendas políticas. Es así como se ha logrado culminar exitosamente con el desmantelamiento del Estado de bienestar social costarricense, y se convierte en una declaración de adhesión a la región que es el traspatio de los EE.UU. que contempla desde México hasta Colombia, incluido el Caribe exceptuando Cuba.
Lo que nunca se consideró es que en poco tiempo la economía de EE.UU. en un proceso recesivo se contraerá monetariamente y absorberá las economías más cercanas y débiles, en particular con las que han firmado sus respectivos TLC´s y en particular con los sectores de producción alimentaria de estas naciones, análogo a lo que ya está sucediendo en el contexto del NAFTA con México y la crisis de la tortilla. La lucha de clases que se desatará en Costa Rica, cuando por una parte los costarricenses con altas reservas de dignidad, digan ¡Basta ya...¡, y que a esto se aune una crisis energética y alimentaria sin precedentes, será la que decida hasta donde podrá llegar esta Tercera República impuesta por la Oclocracia Nepotista de los Arias.
5. Tradiciones nepocráticas costarricenses
La historia de los políticos costarricenses es la historia de algunas grandes familias, que más que formar oligarquías, lo que han forjado son grandes nepocracias y que se ha convertido en una práctica común en todas las instituciones costarricenses, aceptado con toda la normalidad. Los presidentes se la República desde el siglo XIX hasta el siglo XXI han sido el vivo ejemplo de estas prácticas nepocráticas.
5.1. Los Mora
El primer caso que se puede citar, se da en torno a los sucesos históricos suscitados entre 1856-1857, que tiene como Presidente a Juanito Mora Porras y será nombrado como General del ejercito costarricense y jefe supremo de lo ejércitos aliados centroamericanos a su hermano José Joaquín Mora Porras. Este puede ser considerado como el primer dúo nepocrático de gobernates costarricenses Sin contar todos los otros familiares involucrados en sus administraciones gubernamentales, que mostraban los vicios de un gobierno evidentemente nepocrático, que se componía de un grupo beneficiario de amigos y parientes. El debilitamiento del clan de los Mora, se inicia con un diferendo familiar entre Juanito Mora y su cuñado y exsocio: Vicente Aguilar, personaje de gran influencia económica y política.
5.2. Los Montealegre y la oligarquía mercantil
El sucesor por golpe de Estado de Juanito Mora, fue su cuñado casado con su hermana Ana María Mora Porras: José María Montealegre, cuyo clan familiar se convierte en el símbolo de la oligarquía cafetalera de inicios de las segunda mitad del siglo XIX. El clan de los Montealegre, cuyo poder político se sustentaba en poder militar de los "generales" y jefes de los cuarteles: Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, enfrentó al clan de los Mora, cuando el 17 de Diciembre de 1860 desembarcan en Puntarenas: Juan Rafael Mora Porras, su hermano José Joaquín Mora Porras, su cuñado José María Cañas y su sobrino Manuel Argüello Mora, que se adueñan de Puntarenas, por lo que las s fuerzas militares gubernamentales lo enfrentaron, los derrotaron en la batalla de la Angostura y son tomados presos. Entonces, Montealegre hace desaparecer al clan familiar rival, fusilándolos en Puntarenas. Asimismo, llevó a cabo persecusiones a los numeros partidarios de Mora, causando una escición civil que duró varios años.
La historia de la política costarricense se forja en este tipo de círculos de familia, que se repartían el poder político para que sus intereses no sufrieran mengua. La incipiente democracia se basaba entonces en las relaciones de producción establecidas entre finqueros y beneficiaros de café y sus peones y pequeños productores a quienes compraban el café. Esto configura un "bloque histórico" cuya clase hegemónica se establece entre una oligarquía agromercantilista (- que nunca alcanzará las características de las clases hegemónicas de los capitalismos industriales -) y un alto clero heredero de la ideología de dominación de la colonia española. Estas clases hegemónicas, conformarán los perfiles ideológicos que darán sustento al Estado costarricense, en todos sus estamentos: jurídico, político y educativo, permeados por un moralismo conservador de origen clerical. En este sentido no se puede denominar como un modo de producción capitalista, sino que es más bien un tipo de modo de producción agromercantilista, en una fase intermedia entre el feudalismo y el capitalismo. Las clases hegemónicas por medio de los estamentos del Estado y de órganos ideológicos como la educación y la religión, imponen su ideología de clase dominante sobre las otras clases dominadas, como pequeños productores, peones, bajo clero, profesionales liberales, educadores, peones, sirvientes, amas de casa, etc., que reproducen como propios los ideales y normas de las clases dominantes agromercantiles, lo cual propicia su holgada explotación. Esta reproducción ideológica permite que se acepte como "algo natural", que los ostentadores del poder sean los miembros escogidos por las familias oligárquicas y que puedan entonces ser aceptados "democráticamente" por medio del voto público, como excelsos representantes del "bien común". Esta incipiente "democracia", en realidad resultaba del manejo por parte de pequeños grupos de gamonales de su "clientela política", conformada principalmente por labradores, cuyos votos se canjeaban por diversos favores. Se funden así en los orígenes de la democracia costarricense dos elementos que serán indisolubles en el transcurso de su historia: nepocracia y oclocracia.
5.3. Tomás Guardia y la Constitución de 1871
No obstante, en el período liberal del General Tomás Guardia (1870-1882), las oligarquías político-mercantiles fueron debilitadas, y el otro dúo nepocrático de los hermanos Montealegre, que estaban acostumbrados a mover los hilos del poder, fueron expatriados y tuvieron que morir en el exilio.
No obstante, Guardia tuvo que tomar la vía de la dictadura o la tiranía para enfrentar la nepocracia oligárquica dominante. En un ambiente de conspiraciones y amenazas, una Asamblea Nacional Constituyente, elabora una nueva carta Política, que se conocerá en la historia costarricense como la Constitución de 1871.
La Constitución Política de 1871, era heredera en numerosos capítulos de la de la Constitución de 1869, promulgada en el segundo gobierno de Jesús Jiménez, que es heredera a su vez de la Constitución de 1859, en el período de José María Montealegre ( 1859 - 1863 ) que entre otras cosas y teniendo en mente el nepotismo de Juanito Mora, se prohíbe la reelección presidencial.
Por otra parte, Tomás Guardia es recordado por iniciar y promover la construcción del ferrocarril al Atlántico, que la inició en 1871, pero que no pudo ver concluida, pues no fue sino después de casi 20 años, que el 7 de diciembre de 1890, entró a la estación principal de San José el primer tren que hizo todo el recorrido desde la ciudad de Limón hasta la capital de Costa Rica. En una clara muestra de su transparencia administrativa, notificó a los representantes nacionales de la época, para informarles con detalle cómo había recibido para él , 100 mil libras esterlinas por reconocimiento de comisión, por parte de los contratistas foráneos, liderados por Minor Cooper Keith (-que por su poder económico llegará a ser conocido “El Rey Keith”, “El Rey del Banano” “El Rhodes de América Central”-). Tomás Guardia dedicó estos recursos a hacer más obras para Costa Rica, por lo que murió pobre. 
En cuanto a derechos fundamentales, marcó un precedente eliminando la pena de muerte, que fue muy diversamente aplicada, como en los típicos casos de fusilamientos aplicados a los enemigos políticos. Al imponerse militar y políticamente a los grupos familiares de la oligarquía agromercantil, abriendo a la incipiente República de Costa Rica a los ideales de un liberalismo político anticlerical, que posibilitó el surgimiento de preclaras figuras que fraguaron los ideales más progresistas de finales del siglo XIX como lo fueron: Próspero Fernández, Bernardo Soto y Mauro Fernández, y este último como Ministro de Educación clausuró la Universidad de Santo Tomás, por representar un vestigio medieval de una reaccionaria ideología pro-clerical, con el objetivo de fortalecer y socializar la educación primaria y secundaria, que logró con bastante éxito, a la vez que planificó un centro de estudios superiores que promoviera una moderna educación universitaria de perfil científico siguiendo el modelo de los estudios politécnicos franceses. No obstante, el conservadurismo político y sus mezquinos intereses de clase, así como las presiones del alto clero por promover un remozado neo-escolasticismo promovido a partir del Concilio de Vaticano I (1869-1870) y cuya consigna giró en torno reivindicar los privilegios eclesiásticos perdidos en distintas naciones de Europa a partir de los ideales libertarios de la revolución francesa; lograron neutralizar este proyecto, que quedó en el olvido y borrando de la memoria histórica este insigne proyecto de una moderna universidad costarricense de finales del siglo XIX.
5. 3. Los Tinoco
Por otra parte a inicios del siglo XX, Costa Rica se enfrenta a otro nepocrático dúo, con la tiranía de los hermanos Tinoco. De nuevo, las oligarquías al sentirse amenazadas por una parte de las 
reformas sociales de Alfredo González Flores, y por otra parte por sus arbitrariedades nepotistas, apoyan a Federico Tinoco, su Ministro de Guerra y a su hermano Joaquín Tinoco para darle un golpe de estado en 1917. Este nepocrático dúo, se convierten pen una clara expresión de un nepotismo tiránico y violento, y así por la fuerza decidieron gobernar con todo tipo de arbitrariedades. Federico Tinoco, plasmó su gobierno como una expresión superlativa de una nepocracia, convirtiendo la función pública en una cuestión familiar, pues todos los parientes, cercanos y lejanos, adquirieron importancia administrativa y política. José Joaquín Tinoco, no solo era Ministro de Guerra, sino también Primer Designado.
reformas sociales de Alfredo González Flores, y por otra parte por sus arbitrariedades nepotistas, apoyan a Federico Tinoco, su Ministro de Guerra y a su hermano Joaquín Tinoco para darle un golpe de estado en 1917. Este nepocrático dúo, se convierten pen una clara expresión de un nepotismo tiránico y violento, y así por la fuerza decidieron gobernar con todo tipo de arbitrariedades. Federico Tinoco, plasmó su gobierno como una expresión superlativa de una nepocracia, convirtiendo la función pública en una cuestión familiar, pues todos los parientes, cercanos y lejanos, adquirieron importancia administrativa y política. José Joaquín Tinoco, no solo era Ministro de Guerra, sino también Primer Designado.
Esta concentración de poder nepocráticamente, lleva al siguiente paso obvio, que es ser intransigente con cualquier tipo de crítica. Entonces empezaron a restringir las libertades, entre ellas la libre emisión de pensamiento, a amordazar a la prensa, a perseguir a los ciudadanos que ofreciecen cualquier tipo de oposición y a mandar a la carcel a quienes se atrevían a tener sus propio criterios, sin hacer distingos de edan, ni de situaciones sociales y políticas. Con el objeto de amedrentar a las gentes y aplastar cualquier intento de sublevación, aumentarion la fuerza pública, llenaron el país de agentes secretos ( -que el pueblo llamó esbirros-), quines sigilosamentes averiguaban lo que se decía en contra de los gobernantes.
Esto hizo surgir las fuerzas de la resistencia de las reservas de dignidad del pueblo costarricense, y el nepocrático dúo de los Tinoco se vio combatido mediante un prolongado y dramático proceso de rebeldía, enérgica, tenaz, solapada a veces, franca en otras ocasiones, que poco a poco se extendió a todo el país como consecuencia de haberse convertido el gobierno en una férrea organización militar. Distinguidos hombres públicos, algunos de ellos integrantes de la Asamblea Nacional, en 1917, se alzaron en armas, dándose levantamientos en distintos lugares del país, e incluso hubo una tentativa de invasión desde la frontera Sur. En San José se dieron motines, incluyendo las protestas de los estudiantes del Liceo de Costa Rica. Entonces se asalta y se incendia al períodico gobiernista "La Información".
No obstante, les llegó su día, el 10 de Agosto de 1919, un desconocido, asesinó a Joaquín Tinoco, cerca de su residencia en el barrio Amón. Federico Tinoco abandona su conflictiva Presidencia de la República y sale del país para nunca volver. De esta manera terminó la más escadalosa dictadura del nepocrático dúo de los hermanos Tinoco, dejándo a una Costa Rica, quebrada finacieramente, desacreditada internacionalmente y anarquizada políticamente.
5.4. Nepocracia y caudillismo
La herencia nepocrática como una práctica validada en la política costarricense, se traduce en un caudillismo, tal que en la segunda mitad del siglo XX, llegan a ser presidentes de la República, dos hijos de Presidentes anteriores de la República.
5.4.1. Los Jiménez
Un caso documentado, fue como Ricardo Jiménez Oreamuno, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Asamblea Legislativa y tres veces presidente de la República (1910 - 1914), (1924 - 1928),(1932 - 1936), fue hijo de otro presidente de la República: Jesús Jiménez Zamora. Al gozar ambos de buen prestigio por sus administraciones, se sentó el precedente que la competencia política podía ser heredable. No obstante la historia mostrará todo lo contrario.
5.4.2. Los "junior": Calderón Fournier y Figueres Olsen
De manera emblemática, dos figuras representativas de las reformas sociales de Costa Rica, se encuentran ligados indisolublemente en la historia costarricense. José Figueres Ferrer, derrocó en la guerra civil de 1948 a Rafael Ángel Calderón Guardia. En la década de los 90´s dos figuras ligadas al desmantelamiento del estado de bienestar social en favor de las políticas neoliberales son sus respectivos hijos, e irónicamente uno sucede al otro: Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) (- que fue encarcelado de 
manera paralela a otro presidente: Miguel Angel Rodríguez, por diversos delitos de peculado-) y José María Figueres Olsen (1994 -1998) (- que nunca regresó al país dar cuentas de lo que se le acusaba y adquirió otra nacionalidad-), y ambos acusados por refinados fraudes con el flujo de dineros de las grandes corporaciones transnacionales en el contexto del "libre comercio" de la globalización neoliberal, que puso de particularmente de moda la "cleptocracia" de los grandes políticos latinoamericanos.
manera paralela a otro presidente: Miguel Angel Rodríguez, por diversos delitos de peculado-) y José María Figueres Olsen (1994 -1998) (- que nunca regresó al país dar cuentas de lo que se le acusaba y adquirió otra nacionalidad-), y ambos acusados por refinados fraudes con el flujo de dineros de las grandes corporaciones transnacionales en el contexto del "libre comercio" de la globalización neoliberal, que puso de particularmente de moda la "cleptocracia" de los grandes políticos latinoamericanos.
5.5. La serpiente se muerde su cola: el nepocrático dúo de los Arias
Finalmente, a partir del 2006, retoma el poder por segunda vez: Oscar Arias Sánchez, volviendo a nombrar como Ministro de la Presidencia a su hermano Rodrigo Arias Sánchez. La misión política de ambos, es una mezcla de intereses empresariales propios, conjugado con intereses de las grandes grupos de plutócratas nacionales con gigantescos intereses de grandes oligopolios transnacionales y la presión de los halcones de Washington, que al saber que han perdido el acceso a los recursos energéticos y humanos de los países suramericanos que han girado a la izquierda, intentan reposicionar su mapa geopolítico y geomilitar en Latinoamérica "premiando" a los presidentes aliados y afianzando sus intereses económicos estratégicos por medio de Tratados de Libre Comercio (TLC).
5.5.1. El Referendum del 2007 y la oclocracia nepocrática de los Arias
Son muchas las analogías que podrían encontrarse entre el nepocrático dúo de los hermanos Tinoco y el nepocrático dúo de los hermanos Arias. Esto pues, los Arias han pasado de de un modo bastante abierto y despreocupado, de ideales democráticos a estratagemas oclocráticas, tal y como se mostró entorno a la campaña del Referendum aprobatorio del TLC con EE.UU.
El nepocrático dúo de los Arias y su séquito político, se dieron a la tarea de poder controlar los cinco poderes de la República: El Poder ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones. La forma de cohesionar estos poderes, despertaron las sospechas de los opositores de las gigantescas cantidades de dinero con las que debían estar comprando conciencias. Asimismo, promovieron personalmente el TLC en actos gubernamentales públicos en distintas regiones del país y todo ello con recursos públicos y ofreciendo beneficios especiales de infraestructura y bonos de vivienda, que se votase a favor de la aprobación del TLC en el citado Referéndum, reviviendo el clientelismo político iniciado desde la época de la oligarquía cafetalera y que ha sido común por parte de los partidos en el poder durante el siglo XX. La actuación de los Arias, sus ministros, diputados y séquito en general, violaba la Constitución de la República y las leyes, que prohibían explícitamente su beligerancia política de funcionarios públicos en cuestiones electorales, así como el mismo reglamento que había promulgado el Tribunal Supremo de Elecciones, y prescribía restricciones que fueron violadas impunemente por el presidente Arias. A pesar de todo ello, y de los millones de dólares que danzaron en torno a las presiones para que se votara por el Sí en este Referéndum, y a pesar de todas las anomalías involucradas, y a pesar del apoyo de la "gran prensa" internacional como CNN, a pesar también de los políticos, juristas y funcionarios públicos que adheridos al poder ejecutivo por medio de diversos tipos de prebendas, de los medios de una prensa costarricense reaccionaria, de la presión "tras bambalinas" de algunos oligopolios transnacionales, del clientelismo con recursos públicos y de todo el conglomerado plutócrata a favor del Sí por el TLC; a pesar de todo ello, lo que se logró fue un pobre y dudoso triunfo por unos 50000 votos de más de los de No al TLC.
Los grupos opositores, en torno a los cuales giran los principales intelectuales de la principales universidades del país, sectores de la educación, ecologistas, y principalmente jóvenes que mostraron su beligerancia frente a las indignantes actuaciones del nepocrático dúo de los Arias, se sienten agredidos no solo por la imposición de este TLC, sino por la imposición de las leyes de implementación, que transforman el Estado costarricense, desmantelando instituciones de bienestar social, fomentando la privatización de diversos servicios de salud, fomentando la desaparición de sectores fundamentales del agro y de la respectiva seguridad alimentaria derivada, convirtiendo a Costa Rica en el traspatio de grandes oligopolios transnacionales y de los intereses de las agendas geopolíticas y geomilitares de los halcones de Washington. Se trata de una tercera República meta-constitucional, impuesta por la oclocracia del nepocrático dúo de los Arias.
5.5.2. Estratagemas nepocráticas del dúo de los Arias
Ante el aislamiento que se le ha hecho por parte de los Presidentes suramericanos socialistas, los hermanos Arias han encontrado como su único aliado al Presidente colombiano: Alvaro Uribe, aun cuando se encuentra envuelto en una serie de denuncias de su involucramiento demostrado con los importantes grupos paramilitares (-más de 60 integrantes de su coalición están siendo investigados por manipular votaciones o colaborar con los paramilitares -) y de sus vínculos y apoyo a Pablo Escobar y al Cartel de Medallín.
No obstante, Oscar Arias se reunió con jefes paramilitares en San José, Costa Rica recién iniciando su presidencia, y nunca ha sido esclarecido para qué, ni si tenía que ver con los anillos financieros de paramilitares que se han anidado en Costa Rica. Uribe, no obstante, se ha prestado para crear un vínculo de favores mutuos con los Arias.
Así, muy al estilo de las ficciones mágicas de Uribe, los enemigos del nepocrático dúo de los hermanos Arias, encontraron sorpresivamente un espacio virtual en la famosa computadora del líder de las FARC Raúl Reyes, tras ser asesinado en territorio ecuatoriano. Así, la Vicepresidenta de la República de Costa Rica: Laura Chinchilla, divulgó ante la Asamblea Legislativa y ante los medios de prensa, un informe que le fue entregado personalmente en Bogotá, por parte de funcionarios del gobierno colombiano, con supuestos correos electrónicos de Raúl Reyes, sacados de las supuestas computadoras y de un informe "informal" (-Las FARC en Costa Rica-), elaborado por la policía política, la DIS, como órgano de inteligencia gubernamental, cuya cabeza es el Ministro de la Presidencia: Rodrigo Arias. En tales informes se involucran "casualmente" a los líderes políticos y sindicales de Costa Rica, que estuvieron en contra del aprobación del TLC con EE.UU., que presentaron una fuerte beligerancia contra las estratagemas políticas inmorales de la administración Arias en el contexto de la campaña multimillonaria a favor de la aprobación de este TLC.
Este tipo de estratagemas oclocráticas quedaron en evidencia pública en un memorando "secreto" del al vicepresidente Kevin Casas y el diputado del PLN Fernando Sánchez (- primo de los hermanos Arias-), que mostraban un cúmulo de prescripciones cínicas, con artimañas ilegales y antidemocráticas para lograr forzadamente una votación favorable al "Sí" y con ello lograr la aprobación de este TLC (CAFTA). Entre otras cosas este documento expresaba lo siguiente:-“La campaña sobre el TLC se está convirtiendo en lo que nunca debimos haber dejado que se convirtiera: una lucha entre ricos y pobres, entre pueblo y gobierno”.
-“Existe una carta firmada por 72 alcaldes que no es, en absoluto, desdeñable. En ella ofrecen su apoyo al TLC, como es enteramente esperable, algunas cosas a cambio”.
-“El alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos 3 años”.
“…no hay que tener pudor alguno en saturar los medios de comunicación con publicidad”
Un acto de tanto cinismo político, al quedar en evidencia como documento público, llevó al primer Vicepresidente de la República: Kevin Casas, a renunciar a su cargo.
5.5.3. Las chequeras secretas: de la oclocracia a la cleptocracia
5.5.3.1.Mesoamérica Investments
En torno a de dónde podría haber salido el dinero para pagar la campaña a favor de la aprobación del TLC y de todos los pagos a aquellos que de una u otra manera se rindieron incondicionalmente a las directrices de los hermanos Arias, es algo que es casi imposible develarlo completamente. Aun cuando de los fondos privados para sobornos, compra de apoyos políticos son muy difíciles de esclarecer, la excepción se presenta cuando es posible descubrir de manera evidente el tráfico de influencias, y que se muestran como prebendas para los "donadores explícitos" a la campaña presidencial del entonces candidato Oscar Arias. Un caso particularmente significativo es el del megaempresario costarricense: Rodolfo Jiménez Borbón, aliado a un conjunto de otros megaempresarios de la gran plutocracia centroaméricana, plutocracia que por décadas ha sido sostenida por genocidas ejércitos como los de El Salvador y Guatemala, sostenidos a su vez por extraordinario apoyo militar provenientede EE.UU. durante la guerra fría. Este "selecto" grupo de megaempresarios se reunen entorno a la Mega-corporación: "Mesoamérica Investmets", quienes deciden que lo más pertinente para los intereses financieros de sus coorporaciones, es que se de la reelección presidencial en Costa Rica de Oscar Arias, por lo que su principal consigna es que imponga el TLC de Costa Rica con EE.UU. a cualquier costo. El caso particular de Rodolfo Jiménez Borbón, este es parte de una familia plutocrática, que son los principales accionistas del oligopolio gigantesco de la comunicación: Grupo Nación GN S.A., y es el presidente del conglomerado cuasi-monopólico del gigantesco consorcio de bebidas Florida, Ice & Farm. A pesar de las denuncias, incluso en medios de prensa y como la que hizo diputado José Merino, dando a conocer que varias empresas de bebidas, principalmente Florida Ice and Farm (dueña de la Cervecería Costa Rica), adeudan al IDA más de 27.000 millones de colones por impuestos no pagados, el oficialismo impidió que se investigara tal denuncia en la Asamblea Legislativa.
5.5.3.2.El acueducto de Sardinal
Otro caso que evidenció de manera explícita el tráfico de influencias, fue el que se dio con un acueducto de millones de dólares en Guanacaste, para brindar agua a complejos 
turísticos, condominios de lujo, piscinas y campos de golf; sin los estudios ambientales requeridos, en contra de todas las recomendaciones técnicas de las universidades, en contra de lo dictaminado por la Defensoría de los Habitantes, en contra de los reclamos y protestas de la población de Sardinal que se quedaría sin el agua para su supervivencia, y todo ello por beneficiar a los dueños de estos complejos turísticos que apoyaron a la campaña presidencial de Arias. Según trascendió a medios de prensa, más de ¢8 millones fueron donados a la campaña presidencial de Óscar Arias por parte de tres empresarios ligados al fideicomiso para construir y administrar el acueducto de Sardinal, lo cual vuelve a encender la discusión sobre los posibles intereses que hay en esta obra por realizarse en Guanacaste.
turísticos, condominios de lujo, piscinas y campos de golf; sin los estudios ambientales requeridos, en contra de todas las recomendaciones técnicas de las universidades, en contra de lo dictaminado por la Defensoría de los Habitantes, en contra de los reclamos y protestas de la población de Sardinal que se quedaría sin el agua para su supervivencia, y todo ello por beneficiar a los dueños de estos complejos turísticos que apoyaron a la campaña presidencial de Arias. Según trascendió a medios de prensa, más de ¢8 millones fueron donados a la campaña presidencial de Óscar Arias por parte de tres empresarios ligados al fideicomiso para construir y administrar el acueducto de Sardinal, lo cual vuelve a encender la discusión sobre los posibles intereses que hay en esta obra por realizarse en Guanacaste.
Ello se pudo constatar en los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la lista de las donantes al Partido Liberación Nacional (PLN), luego de que se hiciera pública la lista de empresas y sus representantes que participan en el proyecto. Se trata de André Garnier Kruse, presidente de Inversión Ocotal P.I.O., S. A, quien donó ¢ 4.894.400 en noviembre del 2005; Agustín Penón Orlich, representante de Guanacaste Seco, S. A, quien a la vez aportó ¢2.462.250 en diciembre de ese mismo año, y Alberto Sauter, quien figura como representante de Coco Water S. A. y que donó ¢971.987. En total suman ¢8.328.637. El apoyo a tales "donadores de campaña", se hizo manifiesto de manera abierta, por medio del mismo presidente ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA): Ricardo Sancho; sentando un precedente para otras situaciones análogas. El manejo subterráneo, ilegal, antisocial y anti-ambiental del acueducto de Sardinal, es tan solo una muestra de lo que sucede con los recursos hídricos en Costa Rica y un precedente de los intereses por la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
5.5.3.3.El Ingenio Taboga
Los intereses de los hermanos Arias sobre este acueducto, se encuentra relacionado con sus intereses en acueductos similares para sus proyectos en la provincia de Guancaste. Esto se evidenció con el arrendamiento al ingenio Taboga, vinculado al presidente Oscar Arias, y al ingenio El Viejo, más de 500 hectáreas en Guanacaste propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Se evidenció que en el distrito de Riego de Guanacaste, de que el ex presidente ejecutivo del IDA, el señor Walter Céspedes, firmó un contrato de arrendamiento de más de 500 hectáreas y entre esos (beneficiarios) está el Ingenio Taboga y el ingenio El Viejo y ya sabemos quiénes son los socios de estas empresas", denunció. El Ingenio Taboga, el más grande de Costa Rica , está ubicado ubicado en Cañas, y produce cada año 719.000 toneladas de caña. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, es dueño de la corporación ADRAL, la cual posee el 3,22 por ciento de las acciones de Taboga. Además, el gobernante es propietario del 33 por ciento de la sociedad Lillyana S.A., la cual es dueña del ciento por ciento de una finca dentro del ingenio, según una declaración de bienes que el propio mandatario.
5.5.3.3.La tierras del IDA
El diputado José Merino propuso integrar una comisión legislativa que analizara las denuncias sobre irregularidades cometidas en la adjudicación, traspasos y otras actuaciones ilegales, con parcelas del asentamiento "El Jobo" del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), pues se evidenció que una de estas parcelas está en la actualidad en manos del presidente Oscar Arias Sánchez y su hermano, Rodrigo, pero estando presentes 45 diputados, 21 votaron favor y 24 en contra, encubriendo estas transacciones oscuras del nepocrático dúo de los hermanos Arias, desde el primer poder de la República.
El diputado José Merino propuso integrar una comisión legislativa que analizara las denuncias sobre irregularidades cometidas en la adjudicación, traspasos y otras actuaciones ilegales, con parcelas del asentamiento "El Jobo" del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), pues se evidenció que una de estas parcelas está en la actualidad en manos del presidente Oscar Arias Sánchez y su hermano, Rodrigo, pero estando presentes 45 diputados, 21 votaron favor y 24 en contra, encubriendo estas transacciones oscuras del nepocrático dúo de los hermanos Arias, desde el primer poder de la República.
Tal tipo de anomalías que involucran al presidente Oscar Arias, fueron denunciadas por el sacerdote Ronald Vargas Araya, afirmando que el alcalde electo de La Cruz, Carlos Gonzaga Martínez, adquirió irregularmente terrenos del IDA, que luego traspasó al presidente, Óscar Arias Sánchez. Entonces Gonzaga Martínez montó una querella en contra de Vargas Araya, por injurias, calumnias y difamación, pero el Tribunal de Juicio de Guanacaste, absolvió de toda pena y responsabilidad a Vargas Araya, basándose en el informe de la Contraloría que detectó anomalías que había denunciado este último.
5.5.3.4.El ignominioso G-38
En el contexto de la compra de conciencias de diputados de la Asamblea Legislativa, se había evidenciado un intento de transferir 90 millones de colones, de fondos de una partida presupuesto del Ministerio de Relaciones exteriores, al diputado independiente y pastor fundamentalista: Guyon Massey por medio de una fundación fantasma de este último y de su familia. Al ser denunciado en la Asamblea Legislativa y los medios de prensa, se sacó del presupuesto nacional sin dar más explicaciones. Obviamente este diputado ha sido incondicional a los designios del poder ejecutivo, como no lo ha sido a los designios de su fe cristiana que promulga el desapego a los intereses pecuniarios.
En el contexto de la compra de conciencias de diputados de la Asamblea Legislativa, se había evidenciado un intento de transferir 90 millones de colones, de fondos de una partida presupuesto del Ministerio de Relaciones exteriores, al diputado independiente y pastor fundamentalista: Guyon Massey por medio de una fundación fantasma de este último y de su familia. Al ser denunciado en la Asamblea Legislativa y los medios de prensa, se sacó del presupuesto nacional sin dar más explicaciones. Obviamente este diputado ha sido incondicional a los designios del poder ejecutivo, como no lo ha sido a los designios de su fe cristiana que promulga el desapego a los intereses pecuniarios.No obstante, las evidencias del manejo de fondos para comprar conciencias y que muestra como se manejó por una parte los procesos un tanto oscuros en torno a la aprobación de la reelección presidencial en Costa Rica, que debió ser aprobada por la Asamblea Legislativa y más bien se acudió a una negociación con los miembros de la Sala Constitucional, para que estos dictaminaran la viabilidad constitucional de esta, pasando por encima de la soberanía legislativa; y por otra parte en lo que se refiere a la coalición legislativa de 38 diputados que ha apoyado en el mutismo absoluto, al poder ejecutivo del Presidente Arias, así como el proceso de Referéndum para la aprobación del Sí al TLC.
5.5.4 La cereza en el pastel cleptocrático del nepocrático dúo de los Arias
En Junio del 2008, salen a la luz las denuncias de la prensa sobre el manejo secreto de US $2 millones donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por parte del Ministro de la Presidencia: Rodrigo Arias, para pagar supuestos "asesores".
Una lista de asesores parcial fue distribuida por la Casa Presidencial, negándose a dar explicaciones o revelar la lista completa, hasta que haya realizado la investigación que ha iniciado la Contraloría General de la República. Una primera lista parcial, incluía a 30 personas o sociedades con contratos vigentes y no detalla el monto que paga a cada una de ellas y excluye las consultorías contratadas desde noviembre del 2006.
Entre nombres que han salido a relucir se encuentran:
1)La ex vicepresidenta Lineth Saborío (2002-2006),cobra $2.000 por mejorar la gestión de la Administración Arias, específicamente para “asentar una doctrina policial costarricense, civilista, democrática, respetuosa de los Derechos Humanos”
2)Mario Redondo Poveda ( diputado del PUSC 2002-2006, ex presidente de la Asamblea Legislativa),cobra $2.000 mensuales y , por: “coadyuvar a la gobernabilidad del país, brindando insumos suficientes para la toma de decisiones de la Presidencia y sus más cercanos colaboradores”. Promovió el plan fiscal en la Asamblea Legislativa, Administración de Abel Pacheco, con el fin de preparar la situación fiscal para la eventual Administración de Oscar Arias.
3)Alex Sibaja (Diputado del PLN 1998-2002), actual tesorero del Partido Liberación Nacional, quien es el vicepresidente de Sistemas de Comunicación S.A., empresa que cobra $6.700 al mes por dar “apoyo y complemento para la coordinación institucional”. Sibaja también es el presidente de Analistas Legislativos de Costa Rica S.A., compañía escogida por Casa Presidencial para “brindar servicios de asesoría, apoyo y enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”. Por esa tarea la empresa que preside Alex Sibaja le cobra al BCIE $4.500 mensuales, como parte de la asesoría brindada en el plan de Reforma legal y marco legislativo.
4)Adriana "Mimí" Prado Castro (exviceministra de cultura 1986 -1990), jefa de la oficina de imagen del presidente Arias, con US $4.000 (¢2.064.000) de sueldo mensual, cuya función en Casa Presidencial, según detalla el BCIE, es “coordinar y direccionar la rendición de cuentas del Gobierno de la República”. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”. Además fue vicepresidenta del Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH), del cual también formó parte el ministro de vivienda, Fernando Zumbado. El CIDH recibió $315.000 provenientes de una donación del Gobierno de Taiwán para erradicar tugurios y que también se lavaron mediante el BCIE.
5)Mishelle Mitchell Bernard, Asesora en Comunicación y directora de Oficina de Prensa, con US $4.000 mensuales
6)Carlos Arguedas Ramírez (Magistrado de Sala IV hasta 2004), fue uno de los magistrados de la Sala Constitucional que votó a favor de la reelección de Oscar Arias. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “referencia legal y marco legislativo”.
1)La ex vicepresidenta Lineth Saborío (2002-2006),cobra $2.000 por mejorar la gestión de la Administración Arias, específicamente para “asentar una doctrina policial costarricense, civilista, democrática, respetuosa de los Derechos Humanos”
2)Mario Redondo Poveda ( diputado del PUSC 2002-2006, ex presidente de la Asamblea Legislativa),cobra $2.000 mensuales y , por: “coadyuvar a la gobernabilidad del país, brindando insumos suficientes para la toma de decisiones de la Presidencia y sus más cercanos colaboradores”. Promovió el plan fiscal en la Asamblea Legislativa, Administración de Abel Pacheco, con el fin de preparar la situación fiscal para la eventual Administración de Oscar Arias.
3)Alex Sibaja (Diputado del PLN 1998-2002), actual tesorero del Partido Liberación Nacional, quien es el vicepresidente de Sistemas de Comunicación S.A., empresa que cobra $6.700 al mes por dar “apoyo y complemento para la coordinación institucional”. Sibaja también es el presidente de Analistas Legislativos de Costa Rica S.A., compañía escogida por Casa Presidencial para “brindar servicios de asesoría, apoyo y enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”. Por esa tarea la empresa que preside Alex Sibaja le cobra al BCIE $4.500 mensuales, como parte de la asesoría brindada en el plan de Reforma legal y marco legislativo.
4)Adriana "Mimí" Prado Castro (exviceministra de cultura 1986 -1990), jefa de la oficina de imagen del presidente Arias, con US $4.000 (¢2.064.000) de sueldo mensual, cuya función en Casa Presidencial, según detalla el BCIE, es “coordinar y direccionar la rendición de cuentas del Gobierno de la República”. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”. Además fue vicepresidenta del Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH), del cual también formó parte el ministro de vivienda, Fernando Zumbado. El CIDH recibió $315.000 provenientes de una donación del Gobierno de Taiwán para erradicar tugurios y que también se lavaron mediante el BCIE.
5)Mishelle Mitchell Bernard, Asesora en Comunicación y directora de Oficina de Prensa, con US $4.000 mensuales
6)Carlos Arguedas Ramírez (Magistrado de Sala IV hasta 2004), fue uno de los magistrados de la Sala Constitucional que votó a favor de la reelección de Oscar Arias. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “referencia legal y marco legislativo”.
7)Luis Diego Vargas (exviceministro de Concesiones).
8)José Manuel Echandi, diputado independiente, que se volvió incondicional del poder legislativos ha sido , y sin el debido proceso y sin las cualidades requeridas, el Ministerio de la Presidencia, "gentilmente" usó los fondos del BCIE para pagarle algunos de sus "asistentes".
8)Rolando González Ulloa. Actualmente trabaja como profesor de secundaria, como conductor del programa radial “La Hora que Ortiga” y como asesor del diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco. Ha recibido pagos dentro de los programas “Análisis de coyunturas” y “Apoyo toma de decisiones”.
9)Norman Chacón, asesor de imagen del presidente Arias. Es vicepresidente de Planeación Estratégica e Investigación de la empresa de publicidad Garnier BBDO, que trabajó para el gobierno en la campaña del referendo del TLC. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
10)Alejandro Trejos, administrador del sitio web oficial de la Alianza del Sí en el pasado referéndum, consultor en informática, por medio de su compañía: Setso Bua y Matata, S.A. Compañía de Alejandro Trejos, recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
11)La exdefensora de los habitantes: Sandra Pizsk. Trabajó para el Gobierno en la elaboración de la agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la difusión pública del acuerdo comercial, con el Ministerio de Comercio Exterior y con el de la Presidencia. El total del servicio fue de US $24.000 (¢12,6 millones).
12)El exmagistrado Fabián Volio, que cobró dentro del programa “Análisis de coyuntura”: US $15.000 (¢7,9 millones) por trabajar 10 meses en la elaboración de cinco reglamentos relacionados con la reorganización del Estado. Fue ministro de Justicia y Gracia y magistrado de la Sala Constitucional. Abogado que ofreció sus servicios al Gobierno durante la campaña del SÍ al TLC, participó en distintos debates.
8)José Manuel Echandi, diputado independiente, que se volvió incondicional del poder legislativos ha sido , y sin el debido proceso y sin las cualidades requeridas, el Ministerio de la Presidencia, "gentilmente" usó los fondos del BCIE para pagarle algunos de sus "asistentes".
8)Rolando González Ulloa. Actualmente trabaja como profesor de secundaria, como conductor del programa radial “La Hora que Ortiga” y como asesor del diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco. Ha recibido pagos dentro de los programas “Análisis de coyunturas” y “Apoyo toma de decisiones”.
9)Norman Chacón, asesor de imagen del presidente Arias. Es vicepresidente de Planeación Estratégica e Investigación de la empresa de publicidad Garnier BBDO, que trabajó para el gobierno en la campaña del referendo del TLC. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
10)Alejandro Trejos, administrador del sitio web oficial de la Alianza del Sí en el pasado referéndum, consultor en informática, por medio de su compañía: Setso Bua y Matata, S.A. Compañía de Alejandro Trejos, recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
11)La exdefensora de los habitantes: Sandra Pizsk. Trabajó para el Gobierno en la elaboración de la agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la difusión pública del acuerdo comercial, con el Ministerio de Comercio Exterior y con el de la Presidencia. El total del servicio fue de US $24.000 (¢12,6 millones).
12)El exmagistrado Fabián Volio, que cobró dentro del programa “Análisis de coyuntura”: US $15.000 (¢7,9 millones) por trabajar 10 meses en la elaboración de cinco reglamentos relacionados con la reorganización del Estado. Fue ministro de Justicia y Gracia y magistrado de la Sala Constitucional. Abogado que ofreció sus servicios al Gobierno durante la campaña del SÍ al TLC, participó en distintos debates.
13)La sociedad: La Casa de los Beagles del actual ministro Roberto Gallardo (Planificación), cobró una consultoría que brindó al Gobierno en el 2007, antes de ser nombrado ministro de Planificación.
14)El abogado José Antonio Solera Víquez, quien figura como empleado de la sociedad ACG Arisol Consulting Group, presidida por su esposa, Eugenia Arias. Su hermana: Mariángel Solera Víquez, fue fiscal de la empresa hasta mediados del 2005. Ella es directora general adjunta del Ministerio de la Presidencia y asistente personal del presidente Óscar Arias. Solera Víquez tiene un contrato con el BCIE que comenzó en marzo y terminará en agosto, por $18.000 (¢9,5 millones), según un reporte parcial que el Banco entregó al Congreso esta semana. Solera Víquez, fue Gerente Asociado de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de La República y representante del Ministerio de Turismo ante el Consejo Técnico de Aviación Civil. Recibió pagos dentro del programa “Gestión de la función pública”. Solera Víquez se niega a dar a conocer su contratación ante la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa
15)La empresa CID-Gallup, encuestadora al servicio del mejor postor. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
16)Sociedad anónima Setso y Matata S.A., que cobra $5.300 por “mejorar e intensificar el uso de los medios de comunicación de la Presidencia de la República hacia y desde la sociedad civil.El presidente de la junta directiva de esa empresa es Alejandro Trejos, quien participó en la dirigencia de la campaña del “Sí” al TLC con Estados Unidos.
17)Julio García Martínez, recibe $750 mensuales pagados por el BCIE, es el periodista que funge como asesor en el despacho del diputado independiente José Manuel Echandi, aliado del gobierno, recibió pagos dentro del programa “Comunicación para rendir cuentas”.
18)Pablo Ureña, ex directivo del ICE en el anterior gobierno, quien recibe un pago mensual de $1.500. Militante del Partido Unidad Social Cristiana, fue asesor del ex presidente Abel Pacheco. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación Estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
14)El abogado José Antonio Solera Víquez, quien figura como empleado de la sociedad ACG Arisol Consulting Group, presidida por su esposa, Eugenia Arias. Su hermana: Mariángel Solera Víquez, fue fiscal de la empresa hasta mediados del 2005. Ella es directora general adjunta del Ministerio de la Presidencia y asistente personal del presidente Óscar Arias. Solera Víquez tiene un contrato con el BCIE que comenzó en marzo y terminará en agosto, por $18.000 (¢9,5 millones), según un reporte parcial que el Banco entregó al Congreso esta semana. Solera Víquez, fue Gerente Asociado de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de La República y representante del Ministerio de Turismo ante el Consejo Técnico de Aviación Civil. Recibió pagos dentro del programa “Gestión de la función pública”. Solera Víquez se niega a dar a conocer su contratación ante la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa
15)La empresa CID-Gallup, encuestadora al servicio del mejor postor. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
16)Sociedad anónima Setso y Matata S.A., que cobra $5.300 por “mejorar e intensificar el uso de los medios de comunicación de la Presidencia de la República hacia y desde la sociedad civil.El presidente de la junta directiva de esa empresa es Alejandro Trejos, quien participó en la dirigencia de la campaña del “Sí” al TLC con Estados Unidos.
17)Julio García Martínez, recibe $750 mensuales pagados por el BCIE, es el periodista que funge como asesor en el despacho del diputado independiente José Manuel Echandi, aliado del gobierno, recibió pagos dentro del programa “Comunicación para rendir cuentas”.
18)Pablo Ureña, ex directivo del ICE en el anterior gobierno, quien recibe un pago mensual de $1.500. Militante del Partido Unidad Social Cristiana, fue asesor del ex presidente Abel Pacheco. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación Estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
19)Vanesa de Paúl Castro Mora, exdiputada del PUSC, cobra $4.000 al mes, para brindar “apoyo técnico y asesoría general a la acción del Gobierno, en lo que corresponde a la implementación de nuevas leyes y cambios de las existentes” .
20)Sensormatic de Costa Rica S.A., por un monto de $27.612.95., por la compra de un equipo de cámaras de seguridad que se instaló en Casa Presidencial. Recibió pagos dentro del programa “Apoyo toma de decisiones.”
21)La empresa Cis-Tecnología S.A., cobra mensualmente: $1.050, por mantener la página Web de Casa Presidencial. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
20)Sensormatic de Costa Rica S.A., por un monto de $27.612.95., por la compra de un equipo de cámaras de seguridad que se instaló en Casa Presidencial. Recibió pagos dentro del programa “Apoyo toma de decisiones.”
21)La empresa Cis-Tecnología S.A., cobra mensualmente: $1.050, por mantener la página Web de Casa Presidencial. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
22)Enrique Calderón Mora, uno de los mensajeros de Casa Presidencial que le cobra al BCIE $750 al mes “brindar servicios de mensajería y logística”. Mensajero de Ana María Herrera, directora de Relaciones Externas del despacho presidencial y colaboradora del presidente Óscar Arias. Recibió pagos dentro de los programas “Análisis de coyunturas” y “Apoyo toma de decisiones”.
23)Diego Víquez, quién presidió el IMAS en este Gobierno, pero renunció en marzo del 2007 luego de que se supo que nombró a un cuñado como chofer suyo. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
24)Jorge Cornick Montero. Integró la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Actualmente es director ejecutivo de la empresa de relaciones públicas Eureka Comunicación. Lideró campañas publicitarias a favor del TLC y, más recientemente, contra el Partido Acción Ciudadana. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
25)Purdy Motor S. A., contribuyó económicamente en la campaña del SÍ al TLC. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
26)Corporación Aeme Peeme S. A., Su vicepresidente Tobías Chacón Ramírez labora en la actualidad como asesor del diputado independiente José Manuel Echandi Meza. Recibió pagos dentro de los programas “Apoyo toma de decisiones” y “Análisis de coyunturas”.
23)Diego Víquez, quién presidió el IMAS en este Gobierno, pero renunció en marzo del 2007 luego de que se supo que nombró a un cuñado como chofer suyo. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
24)Jorge Cornick Montero. Integró la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Actualmente es director ejecutivo de la empresa de relaciones públicas Eureka Comunicación. Lideró campañas publicitarias a favor del TLC y, más recientemente, contra el Partido Acción Ciudadana. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
25)Purdy Motor S. A., contribuyó económicamente en la campaña del SÍ al TLC. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
26)Corporación Aeme Peeme S. A., Su vicepresidente Tobías Chacón Ramírez labora en la actualidad como asesor del diputado independiente José Manuel Echandi Meza. Recibió pagos dentro de los programas “Apoyo toma de decisiones” y “Análisis de coyunturas”.
27)Rafael Ortega Tellerías. Militante del Partido Unidad Social Cristiana, fue asesor de la ex diputada Vanesa Castro.Recibió pagos dentro de los programas “Análisis de coyunturas” y “Coordinación gubernamental”.
28)Roy Thompson Chacón, militante del Partido Unidad Social Cristiana. Fungió como Director Nacional de Pensiones. Fue asesor del diputado socialcristiano Federico Vargas Ulloa durante la administración de Abel Pacheco. Ha recibido pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
28)Roy Thompson Chacón, militante del Partido Unidad Social Cristiana. Fungió como Director Nacional de Pensiones. Fue asesor del diputado socialcristiano Federico Vargas Ulloa durante la administración de Abel Pacheco. Ha recibido pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
29)Sandra Chinchilla Hidalgo. Locutora, productora y publicista de la Cámara Nacional de Radio de Costa Rica. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”. Durante la campaña de referendo del TLC la Cámara Nacional de Radio (CANARA) se desempeñó como una agencia publicitaria del gobierno.
30)Estrella Quirós Martínez. Fue asistente del diputado independiente José Manuel Echandi, aliado fiel del Gobierno Arias Sánchez. Recibió pagos dentro del programa “Coordinación gubernamental”.
31)Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Encargada de organizar y realizar los debates sobre el TLC que se transmitieron por Canal Trece, la televisora estatal SINART.
32)Víctor Baldizón Chaverri. Recibió pagos dentro del programa “Comunicación estratégica”. Su hermano, José Daniel, asesor del Ministerio de Seguridad Pública, es presidente del Centro de Estudios, Análisis y Capacitación en Derechos Humanos, S.A., que también recibe pagos dentro del programa “Comunicación estratégica”.
33)Rowland Espinoza Howell. Politólogo, representante del Poder Ejecutivo ante la Fundación CRUSA (Costa Rica-Estados Unidos). Formó parte de un grupo denominado “Programa de Formación Agentes de Cambio” que se manifestó a favor del SÍ al TLC durante la campaña de referendo. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Coordinación intergubernamental”.
34)Enfoques y Estudios de Opinión, S.A. Dentro de los clientes de esta empresa se cuentan el gobierno de la República, el Partido Liberación Nacional, Garnier BBDO, etc. Recibió pago dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”.
35)Inversiones Las Brisas, S.A. En la junta directiva de esta compañía figuran familiares de Alfredo Ortuño Victory, director por Costa Rica del BCIE, y quien fingió como tesorero durante la campaña presidencial de Oscar Arias del 2006. Recibió un prestamo de $30 millones del BCIE para desarrollar un proyecto de zona franca.
36)Centro de Estudios, Análisis y Capacitación en Derechos Humanos, S.A. Su presidente es José Daniel Baldizon Chaverri, quien funge como asesor para el Ministerio de Seguridad Pública. José Daniel es hermano de Víctor Baldizón Chaverri, quien también recibe pagos del BCIE dentro del programa “Comunicación estratégica”. El Centro recibe pagos dentro de los programas “Comunicación estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas".
37)Celina Castellanos Choussy. Se desempeñó como asistente “Ad Honores” de la Dirección de Relaciones Externas de la Presidencia de la República. Actualmente es asistente de Ana María Herrera en la oficina de la Presidencia. Recibió pagos dentro de los programas “Análisis de coyunturas” y “Apoyo toma de decisiones”.
38)Raquel Chanto Víquez. Asistente de casa presidencial. Durante el mes de octubre del 2007 acompañó al presidente Arias en sus viajes a EEUU y a China. Ha recibido pagos dentro de los programa “Análisis de coyuntura” y “Comunicación para rendir cuentas”.
39)Porfirio Jiménez Barboza. Miembro de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional. Ha recibido pagos dentro de los programas “Análisis de coyuntura” y “Apoyo toma de decisiones”.
40)Miguel Guillén Salazar. Presidente del “Consejo de la Persona Joven”, órgano adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Ha recibido pagos dentro de los programas “Apoyo toma de decisiones” y “Análisis de coyunturas”.
41)Ana Ross Góngora. Secretaria de profesión. Durante la primera administración Arias figuró como jefa de protocolo. Dice que brinda servicios al BCIE en protocolo y relaciones públicas. Recibió pagos dentro de las áreas de “Toma de decisiones” y “Análisis de coyunturas”.
42)Patricia Barquero Marín. Administradora de empresas con énfasis en seguros. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
43)Jorge A. Hidalgo Vega. Es abogado, regidor libertario en San José y presidente de la liga deportiva alajuelense. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”. Comparte oficina con Federico Sosto López, magistrado de la Sala Constitucional que defendió la legalidad del TLC, y que en la actualidad es el magistrado instructor del caso del diputado Fernando Sánchez, familiar del presidente Arias.
44)Jorge Calderón Sandí. Mecánico automotor de profesión. Supuestamente su asesoría consistió en lijar y barnizar el piso de la sala de Consejos de Gobierno. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
45)ES Comunicación Relaciones Públicas, S.A. Su presidenta, la periodista Eugenia Sancho, figura como funcionaria registrada en la planilla del Ministerio de la Presidencia, donde asesora al ministro Marco Vargas. Recibió pagos dentro del programa “Coordinación gubernamental”.
46)Wílliam Ortiz Arroyo. Periodista, fue director de la televisora estatal Canal 13 durante la administración de José Figueres Olsem. Recibió pagos dentro del programa “Comunicación para rendir cuentas”.
47)Luis Diego Vargas Chinchilla. Ex director del Consejo Nacional de Concesiones. Recibió pagos dentro del programa “Apoyo toma de decisiones.”
48)Fernando Arguedas Barquero. Recibió pagos dentro de los programas “Comunicación Estratégica” y “Comunicación para rendir cuentas”
49)Álvaro Sáenz Picado. Recibió pagos dentro del programa “Comunicación para rendir cuentas”.
50)Eduardo Alvarado Bonilla. Periodista. Recibió pagos dentro de las áreas de “Comunicación para rendir cuentas” y “Análisis de coyunturas”.
51)Marta Eugenia Blanco Cordero. Recibió pagos dentro del programa “Apoyo toma de decisiones.”
52)Heriberto Berrocal Cambronero. Abogado. Recibió pagos dentro del “Análisis de coyunturas”.
53)Mabel Vidal Droguett. Recibió pago dentro del programa “Comunicación estratégica”.
54)Cindy Vanesa Aguilar Cerdas. Licenciada en administración de negocios con énfasis en mercadeo. Recibió pagos dentro del programa “Comunicación estratégica”.
55)Francisco Chavarría. Recibió pagos dentro de las áreas de “Toma de decisiones” y “Análisis de coyunturas”.
56)Avanza de Centroamérica, S.A. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
57)Mega Cómputo, S. A. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
55)Francisco Chavarría. Recibió pagos dentro de las áreas de “Toma de decisiones” y “Análisis de coyunturas”.
56)Avanza de Centroamérica, S.A. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
57)Mega Cómputo, S. A. Recibió pagos dentro del programa “Análisis de coyuntura”.
El listado en breve:
Por Comunicación estratégica:
Adriana Prado Castro
Sandra Chinchilla Hidalgo
Norman Chacón Soto
Pablo Ureña Jiménez
Fernando Arguedas Barquero
Víctor Baldizón Chaverri
Carlos Manuel Arguedas
Mabel Vidal Droguett
Cindy Aguilar Cerdas
Rowland Espinoza Howell
Enfoques y estudios de opinión
Mitchell & Young Comunicac.
Centro de Estudios, Análisis y Capacitación en Der. Hum.
Analistas Legislativos de C. R.
CIS-Tecnología S. A.
Setso Bua y Matata S.A.
CID S.A.
Sistemas de Comunic. D. M.
Por Análisis de Coyuntura:
Sandra Piszk Feinzilber
Jorge Cornick Montero
Celina Castellanos Choussy
Mario Redondo Poveda
Vanessa Castro Mora
Raquel Chanto Víquez
Roy Thompson Chacón
Porfirio Jiménez Barboza
Miguel Guillén Salazar
Rafael Ortega Tellerías
Fabián Volio Echeverría
Enrique Calderón Mora
Rolando González Ulloa
Lineth Saborío Chaverri
Eduardo Alvarado Bonilla
Ana Ross Góngora
Diego Víquez Lizano
Patricia Barquero Marín
Francisco Chavarría
Heriberto Berrocal Cambronero
Jorge A. Hidalgo Vega
Giovanni Rodríguez Solera
Jorge Calderón Sandí
ACG Arisol Consulting Group
La Casa de los Beagles S. A.
Avanza de Centroamérica S. A.
Mega Cómputo S. A.
Purdy Motor S. A.
Corporación Aeme Peme S. A.
Coordinación gubernamental:
Estrella Quirós Martínez
Rowland Espinoza Howell
ES Comunicación Rel. Públicas
Sistemas de Comunicación S. A.
Ref. legal y marco legislativo:
Rafael Ortega Tellerías
Carlos Manuel Arguedas R.
Vanessa Castro Mora
Analistas Legislativos de C.R.
Por rendir cuentas:
Adriana Prado Castro
Sandra Chinchilla Hidalgo
Norman Chacón Soto
Pablo Ureña Jiménez
Fernando Arguedas Barquero
Eduardo Alvarado Bonilla
Álvaro Sáenz Picado
Julio García Martínez
Wílliam Ortiz Arroyo
Raquel Chanto Víquez
Enfoques y estudios de opinión:
Mitchell & Young Comunicac.
Centro de Estudios, Análisis y Capacitación en Der. Hum.
CIS-Tecnología S. A.
Setso Bua y Matata S.A.
CID S.A.
Gestión de la función pública:
Mario Redondo Poveda
Lineth Saborío Chaverri
José A. Solera Víquez
Apoyo toma de decisiones:
Rolando González Ulloa
Luis Diego Vargas Chinchilla
Francisco Chavarría Solano
Celina Castellanos Choussy
Porfirio Jiménez Barboza
Miguel Guillén Salazar
Enrique Calderón Mora
Ana Ross Góngora
Marta E. Blanco Cordero
Sensormatic de Costa Rica
Por Comunicación estratégica:
Adriana Prado Castro
Sandra Chinchilla Hidalgo
Norman Chacón Soto
Pablo Ureña Jiménez
Fernando Arguedas Barquero
Víctor Baldizón Chaverri
Carlos Manuel Arguedas
Mabel Vidal Droguett
Cindy Aguilar Cerdas
Rowland Espinoza Howell
Enfoques y estudios de opinión
Mitchell & Young Comunicac.
Centro de Estudios, Análisis y Capacitación en Der. Hum.
Analistas Legislativos de C. R.
CIS-Tecnología S. A.
Setso Bua y Matata S.A.
CID S.A.
Sistemas de Comunic. D. M.
Por Análisis de Coyuntura:
Sandra Piszk Feinzilber
Jorge Cornick Montero
Celina Castellanos Choussy
Mario Redondo Poveda
Vanessa Castro Mora
Raquel Chanto Víquez
Roy Thompson Chacón
Porfirio Jiménez Barboza
Miguel Guillén Salazar
Rafael Ortega Tellerías
Fabián Volio Echeverría
Enrique Calderón Mora
Rolando González Ulloa
Lineth Saborío Chaverri
Eduardo Alvarado Bonilla
Ana Ross Góngora
Diego Víquez Lizano
Patricia Barquero Marín
Francisco Chavarría
Heriberto Berrocal Cambronero
Jorge A. Hidalgo Vega
Giovanni Rodríguez Solera
Jorge Calderón Sandí
ACG Arisol Consulting Group
La Casa de los Beagles S. A.
Avanza de Centroamérica S. A.
Mega Cómputo S. A.
Purdy Motor S. A.
Corporación Aeme Peme S. A.
Coordinación gubernamental:
Estrella Quirós Martínez
Rowland Espinoza Howell
ES Comunicación Rel. Públicas
Sistemas de Comunicación S. A.
Ref. legal y marco legislativo:
Rafael Ortega Tellerías
Carlos Manuel Arguedas R.
Vanessa Castro Mora
Analistas Legislativos de C.R.
Por rendir cuentas:
Adriana Prado Castro
Sandra Chinchilla Hidalgo
Norman Chacón Soto
Pablo Ureña Jiménez
Fernando Arguedas Barquero
Eduardo Alvarado Bonilla
Álvaro Sáenz Picado
Julio García Martínez
Wílliam Ortiz Arroyo
Raquel Chanto Víquez
Enfoques y estudios de opinión:
Mitchell & Young Comunicac.
Centro de Estudios, Análisis y Capacitación en Der. Hum.
CIS-Tecnología S. A.
Setso Bua y Matata S.A.
CID S.A.
Gestión de la función pública:
Mario Redondo Poveda
Lineth Saborío Chaverri
José A. Solera Víquez
Apoyo toma de decisiones:
Rolando González Ulloa
Luis Diego Vargas Chinchilla
Francisco Chavarría Solano
Celina Castellanos Choussy
Porfirio Jiménez Barboza
Miguel Guillén Salazar
Enrique Calderón Mora
Ana Ross Góngora
Marta E. Blanco Cordero
Sensormatic de Costa Rica
Pero los "grandes" involucrados no han sido evidenciados, pues el Ministro de la Presidencia: Rodrigo Arias, se ha negado a dar la lista completa y ha pedido al BCIE, que sólo muestre una lista parcial de los contratos; evidenciando con esto, que los hermanos Arias tienen mucho que ocultar, en tanto resulta manifiesto que su actuación es ilegal y sin la más mínima consideración de la ética de la función pública, haciendo gala de su prepotente cinismo, sin el más mínimo empacho se empeñan obcecadamente en evitar que la mayor parte de la información sobre sus estratagemas oclocráticas salgan a la luz de la opinión pública. Es por esto que la comisión encargada de investigar el caso en la Asamblea Legislativa, ha intentado esclarecer quiénes están involucrados, con este caso que evidencia un escandaloso peculado y cuyas acciones de los agentes involucrados, se encuentran explícitamente prohibidas por la Ley contra corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, y que involucraría completamente, a la misma Casa Presidencial de Costa Rica. No obstante el oficialismo del PLN en contubernio don los diputados del PUSC (-la denominada fusión del: "PLUSC"-), han sometido el proceso de investigación a entrabamientos y dilataciones y todo ello con el fin de salvaguardar a sus co-partidarios y evadir las responsabilidades legales y salir victoriosamente impunes ante las prescripciones y prohibiciones de la normativa jurídica costarricense. La finalidad es lograr tiempo y con ello lograr la impunidad sino de todos los involucrados, al menos de los más relevantes, como es el caso del Ministro de la Presidencia: Rodrigo Arias Sánchez, quien tras haber manejado recursos públicos del pueblo costarricense como si fuera parte de su "caja chica", personal, se niega a reconocer ante la opinión pública lo fraudulento de sus actuaciones, se niega a reconocer la normativa jurídica que establece restricciones y castigos para sus actuaciones y se niega a la necesidad por la salud de la "cosa pública", de su renuncia, para que su evite el entrabamiento de las investigaciones de la Contraloría General de la República y de la Comsión sobre Control del Gasto Publico de la Asamblea Legislativa. Y no sólo debe renunciar el Ministro de la Presidencia, sino que de acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política, debe dar una completa rendición de cuentas, exigírsele la responsabilidd penal por sus actos, y que además se prescribe explícitamente: "RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES".5.5.4. Tiemblan los cimientos de la Tercera República meta - constitucional
El Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, ha reaccionado agresivamente ante la prensa, asegurando que los asesores pagados con una donación del BCIE a la Presidencia son “profesionales”.
Además en conferencia de prensa expresó: “En el Gobierno de la República no tenemos por qué satisfacer las preguntas de un medio cuando quieran. Eso depende de las políticas nuestras y cuando consideremos que amerite dar la información”
Pero sus argumentaciones se caen cuando se muestra la manera escandalosa conque se han manejado estos fondos BCIE, que estas consultorías incluyen a un mecánico, un mensajero (Enrique Calderón Mora), un músico(Giovanni Rodríguez Segura, esposo de Viviam Quesada, empleada de la Presidencia) y una secretaria( Ana Ross Góngora, jefa de protocolo con Arias de 1986 a 1990), como consultores "técnicos", contratados por el BCIE.
La evidencia que se oculta como se han comprado conciencias en particular para lograr la "cohesión" política con miembros de otros partidos de la Asamblea Legislativa, es como se intenta ocultar la información de las personas contratadas y del tipo de consultorías realizadas. Se encuentran violentando la transparencia de la función pública de la manera más descarada que haya conocido la administración pública costarricense. Así si se consulta a la casa presidencial, la vocera señala que: "Para lo solicitado corresponde pedir dicha información al Banco Centroamericano de Integración Económica" y por su parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) alegó que sus archivos son “inviolables e inmunes”, por lo que se reserva la información acerca de las contrataciones de asesorías para Casa Presidencial. No obstante,según la Contraloría General de la República, el BCIE es un “organismo de derecho público internacional”, así que en tanto la Casa Presidencial no había comunicado nada sobre los convenios con la entidad bancaria, el ente contralor inició de oficio una investigación sobre la gestión por parte de la Casa Presidencial, de los 84 contratos de “especialistas”, realizada mediante esta donación de $2 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al gobierno costarricense.
Ha trascendido a la prensa nacional, con base en la documentación presentada en la Asamblea Legislativa por el diputado Alberto Salom: que otro de los donadores a la campaña presidencial de Oscar Arias: Alfredo Ortuño Victory, Directivo del BCIE que se ha negado a dar informaciones de como se gastaron los dineros que se gestionaron con la Casa Presidencial, firmó y compareció como director por Costa Rica del BCIE en la formalización del crédito por $36 millones que esa entidad aprobó a la empresa Las Brisas S.A., que pertenece a la familiares del mismo Ortuño.
En un caso paralelo, una donación de Taiwán por US $1,5 millones, que se depositaron en un fideicomiso administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La donación iba a mejorar “la calidad de vida de 600 familias que habitan en condición de precario de Rincón Grande de Pavas”. No obstante, el Ministro de Vivienda, Fernando Zumbado,reconoció que del total de la donación, US $1,33 millones se utilizaron en el pago consultorías, que van desde el pago de la jefa del despacho del Ministro, hasta la compra de equipos de oficina. Una de las consultorías por $315.000 se paga al Centro Internacional de Desarrollo Humano (CIDH), fundado por el mismo Zumbado en compañía de: Adriana "Mimí" Prado Castro, que es su vez, es quien es asesora en imagen del presidente de la República, Óscar Arias, pagada con fondos del BCIE. Esta fundación: CIDH, cuya directiva está compuesta por Jorge Nowalski Rowinski, Adriana “MIMÍ” Prado Castro (- Licenciada en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica -), el mismo Fernando Zumbado Jiménez, Laura Chinchilla Miranda ( - Vicepresidenta de la República -), Nora Garita Bonilla, Elaine White Gómez, con otros asociados como: Jairo Acuña, Doris Osterlof, Juan Ignacio González, Hermann Hess, Luis Mesalles, Karin Nagel, Samuel Rovinski, Luis Guillermo Solís, Constantino Urcuyo, Jorge Urbina.
El personal de Zumbado, entre ellos el encargado de prensa, Fernando Fernández y la jefa de despacho, Guiselle Hay, recibieron también pagos por consultorías.
Por otra parte, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) tiene contratos para dar asesorías al Ministerio de Vivienda por más de $424.000, para promocionar el programa de becas Avancemos. Carlos Sojo, director de esta entidad, comentó que: “Estamos desarrollando apoyo con servicios a instituciones estatales y nada de eso en principio es malo”.Fernando Zumbado, anunció su salida temporal del cargo para permitir el inicio de las investigaciones. La Contraloría General de la República tiene la documentación, facilitada por el propio Zumbado, de los contratos pagados con el dinero regalado por los taiwaneses el 27 de octubre del 2006.
No obstante, bajo su perspectiva napoleónica, Arias considera que debe seguir adelante sin rendir cuentas ni ante los diputados de la Asamblea Legislativa ni ante los medios de prensa ni ante la opinión pública y ha expresado públicamente que: "Quienes se indignan de que consultores ganen salarios competitivos no hacen más que serruchar el piso a profesionales de reconocida honorabilidad".
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